MILEI CEDE EL 45% DE LO NUCLEAR Y DEJA ENTRENAR MARINES SIN EL CONGRESO
Son decisiones de la misma semana en que el Gobierno pidió castigar a quien opere en Malvinas y mantuvo su convenio con Starlink, que opera en las islas con licencia de sus ocupantes. El modelo es uno solo: ceder el control de lo que es de todos.
LO QUE ESTÁ EN JUEGO
El Gobierno definió que empresas privadas controlarán el 45% de la energía nuclear argentina, según presentó el secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Napoli, en la 70ª Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica, en Viena: convertir más de siete décadas de desarrollo nuclear, con Atucha I, Atucha II y Embalse, en negocios exportadores con capital privado. En la misma semana, la Armada confirmó que ocho marines de Estados Unidos entrenan en Ushuaia desde el 8 de septiembre junto al Batallón de Infantería de Marina N° 4, sin aval del Congreso, mientras el Gobierno le pide a ese mismo Congreso autorizar 26 ejercicios con fuerzas extranjeras hasta agosto de 2027. Y el Estado mantiene un convenio sin licitación con Starlink, que opera en Malvinas con licencia de las islas.
NUESTRA POSICIÓN
Lo nuclear, el extremo sur y los contratos del Estado son soberanía, y este Gobierno los está cediendo uno por uno. Siete décadas de desarrollo nuclear argentino tienen que seguir bajo control del Estado, ninguna tropa extranjera puede entrenar en el país sin que lo autorice el Congreso, y el proyecto que castiga a quien opere en Malvinas tiene que alcanzar también a las empresas con licencia británica que cobran del Estado. Eso exigimos.
TAMBIÉN PASÓ
ATLÁNTICO SUR
El Reino Unido respaldó a las empresas que operan en Malvinas con la guía «Haciendo negocios con las Islas Malvinas», calificó de «inaceptables» las sanciones argentinas y reivindicó su «derecho» a extraer el petróleo de las islas.
La jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a Rockhopper y Navitas frenar las obras del proyecto Sea Lion, y el Gobierno envió al Congreso un proyecto con penas de hasta 20 años de prisión que va más allá de lo que había anunciado. El canciller Pablo Quirno descartó por ahora una mediación de Donald Trump.
NUESTRA POSICIÓN
Ninguna licencia británica sobre Malvinas tiene validez: exigimos que la ley alcance a toda empresa que opere bajo esa licencia y que el Estado la haga cumplir en el mar.
LA CORDILLERA
El Ciadi, tribunal de arbitraje del Banco Mundial, recibió el reclamo del fondo británico Burford Capital por la estatización de YPF, después de que la Argentina ganara en la segunda instancia de Nueva York y evitara pagar US$16.100 millones más intereses.
El proceso podría demorar entre cinco y diez años, en un tribunal donde la Argentina tuvo fallos en contra en el 85% de las demandas, como la de Aerolíneas Argentinas; la Procuración del Tesoro ya prepara la defensa. El gobernador Axel Kicillof advirtió que con el RIGI pasa lo mismo: «la cesión de jurisdicción en tribunales internacionales nos deja en condiciones de debilidad».
NUESTRA POSICIÓN
El RIGI ofrece a los inversores lo mismo que busca Burford, litigar fuera de la Justicia argentina, y por ahí empieza lo que queremos discutir.
DEFENSA
Los intendentes Julio Alak, Mario Secco, Lisandro Hourcade y David Angueira y el ministro bonaerense Carlos Bianco le exigieron al Gobierno nacional revisar el desmantelamiento de la Base Aeronaval de Punta Indio, que pone en peligro 185 puestos de trabajo civil calificado.
El ajuste contempla además la reubicación de más de 300 uniformados, y los referentes locales estiman una caída de ingresos de 600 millones de pesos para la zona. Trabajadores, gremios y vecinos de Magdalena y Verónica ya marcharon en caravana hasta el Edificio Libertad para defender la base.
NUESTRA POSICIÓN
Defendemos la base de Punta Indio y a su gente, porque desmantelar la aviación naval es resignar capacidad para custodiar el mar.
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