El Estado le paga a Starlink, que opera en Malvinas con licencia británica
Parte Soberano · Domingo 20 de septiembre
El convenio sin licitación con el Enacom y Capital Humano compromete US$11,89 millones del Estado. Lo firmó el mismo Gobierno que acaba de mandar al Congreso un proyecto que castiga con hasta 20 años de prisión a quien desarrolle actividades económicas en aguas argentinas sin autorización.
Lo que está en juego
El Estado aporta US$11,89 millones a un convenio de US$22 millones con Starlink para conectar 6.000 escuelas rurales, firmado sin licitación por el Enacom y el Ministerio de Capital Humano. Starlink opera en Malvinas desde octubre de 2025 con licencia del regulador de las islas, y el secretario de Malvinas de Tierra del Fuego, Andrés Dachary, pidió actuar contra la empresa: «es inadmisible que brinden servicios en nuestro territorio amparados en “licencias” del gobierno usurpador británico». El mismo Gobierno envió al Congreso un proyecto que castiga con hasta 20 años de prisión y multas equivalentes a 3.000.000 de barriles de petróleo a quien desarrolle actividades económicas en aguas argentinas sin autorización; en su propio bloque admiten que no conocían su alcance, y el diputado Aldo Leiva dijo que no está «ni el 30%» de lo anunciado.
Nuestra posición
Una ley contra quienes explotan Malvinas pierde toda autoridad si el propio Estado le paga a una empresa que opera en las islas con licencia de sus ocupantes. Exigimos que el Gobierno rescinda el convenio con Starlink y que la ley alcance a toda empresa que opere bajo licencia británica, empezando por las que tienen contratos con el Estado. Malvinas se defiende con coherencia y con presencia en el mar, todos los días.
También pasó
La Cordillera
El fondo británico Burford Capital llevó al CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial, su reclamo por la estatización de YPF, después de que la Argentina ganara en segunda instancia en Nueva York y evitara pagar US$16.100 millones más intereses. Burford financia a los demandantes, los acreedores de las sociedades quebradas Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, que pertenecieron a la familia Eskenazi. El gobernador bonaerense Axel Kicillof advirtió que con el RIGI, el régimen de incentivos para grandes inversiones, pasa lo mismo: «la cesión de jurisdicción en tribunales internacionales nos deja en condiciones de debilidad».
Soberanos:El RIGI del Gobierno promete a los inversores lo que Burford busca en el CIADI: litigar lejos de la Justicia argentina. Lo rechazamos.
Fuente: clarin.com
Atlántico Sur
El fiscal federal Carlos Stornelli amplió la acusación por la exploración ilegal de hidrocarburos en la plataforma continental cerca de Malvinas e incorporó a Rockhopper Exploration y a Navitas Petroleum. Las dos empresas se suman a Desire Petroleum, imputada desde el inicio de la causa, y siguieron operando pese a las inhabilitaciones administrativas vigentes. Según el dictamen, las maniobras encuadran en la Ley 26.659, que castiga con prisión y sanciones económicas la actividad petrolera en la plataforma continental sin autorización argentina.
Soberanos:Respaldamos que la Justicia persiga a las petroleras que operan con licencia británica, y exigimos al Gobierno presencia en el mar para hacerlo cumplir.
Fuente: misionesonline.net
La cifra
26 — ejercicios militares con fuerzas extranjeras que el Gobierno pidió autorizar al Congreso entre septiembre de 2026 y agosto de 2027
Fuente: unoentrerios.com.ar
El Pueblo Organizado. SOBERANOS
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